Así lo reveló la Contraloría General de la República (CGR) en dos informes de auditoría de carácter especial.
Ambos estudios de fiscalización tuvieron como propósito determinar si los dos gobiernos locales cumplieron o no con lo establecido en esa normativa para la gestión de las remuneraciones, específicamente en lo relacionado con los incentivos de anualidades, prohibición, dedicación exclusiva, riesgo policial y riesgo de peligrosidad.
El periodo de análisis abarcó la gestión comprendida entre el 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, ampliándose cuando se consideró necesario.
Con respecto al incentivo de anualidades, la entidad fiscalizadora determinó incumplimientos que generaron pagos de más, por ¢10,6 millones, a 121 funcionarios de la Municipalidad de Esparza en 24 meses. Una situación similar se dio en la Municipalidad de Garabito, en la cual se registraron pagos de más, por ¢86,5 millones, a 225 funcionarios en 36 meses.
Las dos municipalidades no se ajustaron a las disposiciones fijadas por la ley para el otorgamiento de ese incentivo porque el pago debe ser un monto fijo y no porcentual, como sucedió.
Además, los pagos se hicieron sin contar con los resultados de las evaluaciones de desempeño en el plazo de seis meses estipulado por la normativa vigente.
En relación con el incentivo de dedicación exclusiva, la Contraloría determinó que hay carencia de información para sustentar los pagos y que no existe un procedimiento formal ni controles para la gestión del mismo en los dos gobiernos locales.
En cuanto al incentivo de prohibición, también se detectaron inconsistencias en el otorgamiento del mismo.
En el caso de la Municipalidad de Garabito, se determinó que no cuenta con un manual descriptivo de puestos, lo cual imposibilita determinar si las labores que realizan los funcionarios se enmarcan dentro de la base legal para conceder ese incentivo.
En el caso de la Municipalidad de Esparza, se determinó que para cuatro puestos a los que se les reconoce el incentivo de prohibición, la base legal no es consistente con las actividades que desempeñan, según el manual de puestos.
Además, en tres expedientes se encontró la falta de actualización de los documentos asociados al grado académico y el título de incorporación al colegio profesional.
También al alcalde, Asdrúbal Calvo, se le reconoció una compensación mayor a la que corresponde por su grado académico por un monto aproximado de ¢2,2 millones. Esto se debe a la ausencia de un procedimiento formal y mecanismos de control que regulen el otorgamiento de ese incentivo.
Con respecto a los incentivos de riesgo policial y de peligrosidad, en el caso de la Municipalidad de Garabito, la omisión de los ajustes y la falta de procedimientos internos necesarios para el pago de esos pluses generó sobrepagos de aproximadamente ¢4,3 millones y ¢1,7 millones, respectivamente.
La CGR ordenó a ambas municipalidades corregir las debilidades apuntadas y ajustarse a la normativa establecida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sobre el pago de remuneraciones salariales.
