Los auditores internos de la Municipalidad de Garabito presentaron ante los Tribunales de Puntarenas un informe en el que señalan presuntas anomalías en un pago millonario de ¢75 millones realizado días atrás por una actividad recreativa en Playa Jacó.
El auditor interno de la municipalidad, Julio Vargas, explicó a Grupo Extra que la investigación se inició tras detectar que el pago se habría efectuado a nombre de una marca que no existe, situación que encendió las alerta.
Según detalló, como parte de las primeras diligencias se realizó una verificación ante el Registro Nacional, con el fin de determinar si la marca estaba debidamente inscrita.
“Nos pusimos en contacto con el Registro Nacional y nos indicaron que la marca es inexistente. No le pertenece a la Municipalidad de Garabito ni a ninguna persona física o jurídica. Eso nos sorprendió sobremanera”, señaló Vargas.
El informe, del cual Grupo Extra tiene copia, fue presentado el lunes anterior ante el Consejo Municipal como un informe de carácter especial para su conocimiento.
Sin embargo, según el auditor, la sesión en la que debía analizarse el documento no se llevó a cabo, aparentemente por desperfectos técnicos. No obstante, al día siguiente sí se realizó una sesión extraordinaria sin inconvenientes, situación que generó dudas dentro de la auditoría.
Ante la consulta de Grupo Extra, la alcaldía de Garabito, por medio de su oficina de prensa, indicó que “somos respetuosos del marco jurídico y de la independencia de las instancias judiciales. Al existir una denuncia en curso, la administración se abstendrá de dar detalles específicos para no entorpecer la investigación, pero mantenemos nuestro compromiso total de colaborar con las autoridades”.
El auditor añadió que esperan que en este caso las autoridades judiciales valoren la adopción de medidas cautelares contra los involucrados.
Como parte de las pruebas aportadas se incluyó un video en el que, según la auditoría, la desarrolladora del evento señalaría que se les estarían solicitando “raspaditas”, en referencia a pagos o beneficios vinculados al dinero entregado por la actividad.
Según concluye el informe de auditoría interna, la denuncia se dirige contra el alcalde de Garabito, la vicealcaldesa, una funcionaria del área financiera del gobierno local, así como dos regidores activos y un tercero que ya no ocupa ese cargo.
Colaboró el periodista Cristian Fallas
