¿Qué dicen los expertos sobre el plan para dotar a la Policía de dispositivos de inmovilización eléctrica?
Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa plantea autorizar a los cuerpos policiales del país a utilizar dispositivos de inmovilización eléctrica como una herramienta adicional para enfrentar situaciones de riesgo.
La iniciativa establece que estos dispositivos solo podrían ser utilizados por oficiales previamente capacitados y bajo principios como la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y el uso progresivo de la fuerza.
El proyecto permitiría utilizar estos dispositivos para neutralizar amenazas contra la vida o la integridad física, controlar personas con comportamiento violento o impedir la comisión inmediata de un delito cuando otros medios resulten insuficientes.
Además, prohíbe emplearlos como mecanismo de castigo, contra personas que ya estén sometidas o en lugares donde exista riesgo de incendio o explosión. También incorpora restricciones para su uso sobre poblaciones vulnerables cuando existan otras alternativas.
Karen Jiménez, encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), señaló que se trata de una herramienta favorable.
🎙️ Declaraciones de Karen Jiménez
La iniciativa también obligaría a documentar cada utilización mediante un informe oficial, registrar la cantidad y duración de las descargas y brindar atención médica a la persona intervenida cuando las circunstancias lo requieran.
Jiménez considera que una eventual implementación debe ir acompañada de capacitación, protocolos claros y mecanismos de supervisión.
🎙️ Más declaraciones de Karen Jiménez
La evidencia internacional ha sido uno de los principales insumos en la discusión sobre este tipo de dispositivos. Un estudio del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos, basado en 962 casos reales, concluyó que el 99,7% de las personas expuestas no sufrió lesiones o presentó únicamente heridas leves.
En Inglaterra y Gales, las autoridades reportaron más de 33 mil intervenciones con dispositivos de inmovilización eléctrica entre abril de 2024 y marzo de 2025. La mayoría de los casos se resolvió sin necesidad de efectuar una descarga, ya que el dispositivo fue suficiente como elemento disuasorio.
Por su parte, organizaciones como Amnistía Internacional sostienen que estos dispositivos no están exentos de riesgos y recomiendan que su uso se limite a situaciones estrictamente necesarias, con capacitación adecuada, supervisión y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
