Un proyecto de ley propone penas menores a las actuales para castigar el robo y la receptación de bienes y materiales del Estado, como por ejemplo, cables de teléfono o componentes de la vía férrea.
Lo anterior en el tanto que la iniciativa tramitada en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 22.816 introduce un nuevo tipo penal aún y cuando el Código Penal ya contempla el delito de robo o hurto, con penas incluso mayores a las dispuestas en la propuesta, según lo dio a conocer la tarde de este martes en una comparecencia la jueza penal Rosaura Chinchilla Calderón.
“Los delitos de hurto, robo y receptación ya están previstos en la legislación. Y están previstos en términos generales, sin especificar bienes en particular, que es parte de lo que debe tener la legislación penal: ser lo suficientemente general para abarcar todas las posibilidades.
Las conductas actualmente están legisladas y con penas altas. Porque si estamos hablando de la apropiación de cable del tendido eléctrico, la apropiación necesariamente tiene que hacerlo con fuerza sobre las cosas, cortando el pedazo de cable, y generalmente para eso se requieren dos personas, entonces encaja en un robo agravado, que tiene una pena de 5 a 15 años. Y si decimos que la pena es muy baja, el proyecto está proponiendo una de 3 a 9, que es mucho más baja”, comentó la decisora en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicas de la Asamblea Legislativa.
La juzgadora recordó que, en caso de que no haya algún tipo de violencia de por medio, entonces cabría la figura del hurto.
“En esos casos ya no hay un peligro para el servicio público, que implicaría que el cable, las señales, los aditamentos de tránsito o ferroviarios estén en uso y que para eliminarlos haya que extraerlos con fuerza (en cuyo caso, encuadrarían en un robo)”, agregó.
Ante lo anterior, el diputado del Partido Liberal Progresistas (PLP), Jorge Dengo Rosabal, cuestionó a Chinchilla Calderón si, desde su perspectiva, recomendaba no seguir adelante con la iniciativa tal cual está en la actualidad, a lo que esta última respondió: “A mí me parece que en los términos en que está la legislación cubre todas las posibilidades y si hay alguna que quede descubierta, con la introducción de alguna palabra, en alguno de los tipos, sería suficiente”.
En los minutos previos, el congresista del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás Alvarado, solicitó a la jueza que le remitiera sus sugerencias por escrito a fin de poder incluirlas en el texto -impulsado por su hija, la exlegisladora Franggi Nicolás Solano- mediante mociones.
Seis meses atrás, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sufrió el robo de 88.000 metros de cable en 2021, lo que le provocó una afectación económica superior a los ¢5.000 millones.
En aquella oportunidad, el subjefe de la Sección de Hurtos de la Policía Judicial, Dowglas Rodríguez Badilla, destacó que tanto organizaciones criminales como habitantes de la calle sustraen cables, tapas de arquetas, trozos de vía férrea o señalizaciones de tránsito con el objetivo primordial de extraerle materiales como el cobre, que luego venden en chatarreras para su exportación a Asia. Un kilogramo de ese material se vende entre ¢4.000 y ¢4.500.
