La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) presentó una denuncia penal contra exjerarcas de la institución por presuntas irregularidades relacionadas con convenios firmados entre 2011 y 2015 con la empresa Ad Astra, que resultaron en el supuesto desembolso de $2,1 millones. Estos convenios estaban destinados a "investigar y desarrollar el uso del hidrógeno como materia prima para combustibles".
Karla Montero, presidenta de Recope, destacó que la empresa no tenÃa las "competencias legales" para incursionar en proyectos de este tipo sin una reforma de ley aprobada por la Asamblea Legislativa.
El primero de los convenios, firmado en octubre de 2011, permitió a Recope aportar $300.000 para un estudio de factibilidad de un sistema de almacenamiento de hidrógeno. En julio de 2012, se firmó un segundo convenio por $1,4 millones para el diseño del sistema de producción y almacenamiento de hidrógeno. Un tercer convenio, firmado en febrero de 2014, permitió el desembolso de $400.000 para operar dicho sistema.
Entre la firma del primer y segundo convenio, desde Recope indicaron que se consultó a la ContralorÃa General de la República sobre la legalidad del acuerdo, obteniendo como respuesta que "no se requerÃa su autorización". Durante este periodo, se emitieron dos decretos del Gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) para autorizar a Recope a investigar y desarrollar energÃas alternativas y dar "contenido económico" al convenio con Ad Astra.
Posteriormente, la ProcuradurÃa General de la República concluyó que Recope "carecÃa de competencia legal" para incursionar en la producción e industrialización de biocombustibles. Ante esta situación, Recope presentó una denuncia penal por el presunto delito de incumplimiento de deberes. Además, la gerente general fue destituida "para no entorpecer la investigación".
Ad Astra, empresa del cientÃfico y astronauta costarricense Franklin Chang, es un referente en Latinoamérica en la investigación y el desarrollo de infraestructura para el transporte impulsado con hidrógeno.
