El ministro de Seguridad, Mario Zamora, se metió en un gran problema y ahora deberá dar explicaciones ante las autoridades.
La Defensoría de los Habitantes informó este lunes que presentó un recurso de amparo contra el funcionario, porque se ha negado a responder a esta entidad las consultas que le han hecho sobre la Política de Seguridad Nacional.
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| Mario Zamora deberá dar explicaciones sobre por qué se niega a responder a la Defensoría. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados) |
El pasado 3 de abril, la Defensoría le envió al ministro una gestión con el fin de revisar los resultados de dicha política. El documento incluía varias inquietudes puntuales, sin embargo, desde entonces no ha informado sobre alguna de ellas, bajo el argumento de que primero debe emitir un Plan de Acción de la Política Pública -previsto para octubre-.
“Para esta Defensoría, ninguna de las consultas que quedaron sin responder requiere la emisión de un Plan de Acción, por lo que no es de recibo dejar de informar sobre las actas y reglamentación del “Consejo de Seguridad Nacional” establecido en la política; las metas de reducción de delitos previstas en la política; las fuentes de financiamiento que garanticen sostenibilidad a la política, o los mecanismos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, entre otros aspectos.
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“Llama la atención que el ministro de Seguridad, sí informó sobre un cronograma para elaborar el Plan de Acción de la Política, y que las acciones a desarrollar inicien justamente en abril de 2024, cuando esta Defensoría le consultó sobre la programación de trabajo para emitir ese instrumento, luego de transcurridos cinco meses de emitida la política”, informó la Defensoría.
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| La Defensoría quiere saber los detalles de la Política Nacional de Seguridad. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados) |
La institución asegura que en cuanto a las preguntas sobre prevención, Zamora no respondió todo lo solicitado y más bien cuestionó aspectos de procedimiento del órgano de control de legalidad, evadiendo dar respuesta a los temas de fondo requeridos.
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“La Defensoría recurrió a la Sala Constitucional para hacer valer el derecho de acceso a la información de interés público que tutela el artículo 30 de la Constitución Política, recurso que fue acogido para su estudio por parte del Tribunal y le otorgó un plazo de tres días para que rinda cuentas.
“Cabe destacar que, recientemente, el ministro respondió parcialmente a las consultas de la Defensoría, pero fue hasta el pasado 25 de junio, un día después de que la Sala Constitucional le notifica del Recurso de Amparo y le fijara un plazo para referirse a su omisión.
