La muerte de un privado de libertad de 27 años, identificado con el apellido Guerrero, desencadenó una investigación para determinar quiénes participaron en una agresión ocurrida dentro del Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio, ubicado en El Roble de Puntarenas.
El hombre fue golpeado en la cabeza con tablas durante un intento de motín que involucró a 132 personas privadas de libertad, según confirmó el Ministerio de Justicia y Paz este miércoles 21 de octubre.
La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria, donde recibió atención en la sala de shock debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, su fallecimiento quedó confirmado a las 6:34 p. m.
Autoridades buscan identificar a los responsables
Tras lo ocurrido, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, ordenó determinar quiénes estuvieron directamente relacionados con la agresión que provocó la muerte del recluso.
La investigación también abarcará a aquellos internos que presuntamente colaboraron en el ataque, así como a los principales organizadores de los disturbios.
Los responsables podrían ser trasladados al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), una instalación destinada a mantener bajo estrictas medidas de seguridad a personas privadas de libertad que representan un riesgo elevado dentro del sistema penitenciario.
El jerarca instruyó evaluar estos traslados de acuerdo con la participación y peligrosidad de cada involucrado.
Los disturbios ocurrieron en un sector intervenido semanas atrás
Un detalle que llama la atención de las autoridades es que los incidentes se desarrollaron en el ámbito A del centro penitenciario, precisamente donde semanas atrás se había efectuado una requisa con participación del propio ministro.
Durante aquella intervención, tres privados de libertad fueron reubicados en instalaciones de alta contención en San Rafael de Alajuela.
Pese a esos antecedentes, este miércoles se presentó una nueva situación de violencia que obligó a movilizar a los oficiales penitenciarios para recuperar el control del recinto.
La Policía Penitenciaria confirmó que logró contener los disturbios y restablecer el orden en el sector afectado.
Ministro advierte que no permitirá desafíos a la autoridad
Ante la gravedad de los acontecimientos, Aguilar Vargas sostuvo que el Estado mantendrá el control de los centros penitenciarios y que no permitirá que grupos de internos impongan sus propias reglas mediante amenazas o agresiones.
El ministro también reiteró que las acciones violentas dentro de las cárceles tendrán consecuencias y que las autoridades actuarán contra quienes comprometan la seguridad de otros reclusos y del personal penitenciario.
¿Qué pasará con los privados de libertad involucrados?
El Ministerio de Justicia y Paz señaló que se trabaja en establecer responsabilidades individuales para evitar que todos los participantes en los disturbios sean considerados responsables de los mismos hechos.
De esta manera, las autoridades deberán distinguir entre quienes habrían participado directamente en el ataque mortal, quienes presuntamente facilitaron la agresión y aquellos que promovieron el intento de motín.
La información recopilada será remitida a las autoridades judiciales, encargadas de determinar las eventuales responsabilidades penales por la muerte del joven.
Por ahora, el Ministerio no ha comunicado la identidad completa de la víctima ni la cantidad de personas que podrían ser trasladadas al CACCO como resultado de este incidente.
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